Conflicto de Interpretaciones y Limites del Derecho

El día 30 de septiembre, el entonces Primer Ministro del Peru, Salvador del Solar, en representación del presidente Martin Vizcarra, y en base al art. 129 de la Constitución Política del Peru (CPP), que lo habilita a hablar ante el pleno, solicitó una cuestión de confianza sobre el proceso para la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Luego de una accidentada sesión y al darse la votación para la elección de un miembro del Tribunal en cuestión, el presidente Martin Vizcarra, en conformidad con lo que había aseverado en una entrevista televisada el día anterior, interpretó que fácticamente se le había denegado la confianza y, habiendo sido esta denegada en otra ocasión, procedió a actuar según lo especificado en el art. 134 de la CPP, donde se indica que “El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”. Y mediante decreto supremo N.º 165-2019-PCM declaró la disolución del Congreso de la Republica.

Hace unos días en una columna de opinión publicada en un periódico peruano, se afirmó que el presidente de la república había actuado incorrectamente debido a que “tomó en sus manos esta facultad [interpretar] que solo le corresponde al Tribunal Constitucional”. Esta afirmación, considero, ayuda a plantear la cuestión clave en el debate que tenemos al frente y que permite explorar brevemente algunas vías desde la teoría legal y política para articular posibles respuestas. En primer lugar, la posición que toma el autor de la columna, me parece, requiere una corrección muy importante. Esto debido a que está afirmando algo que no tiene sustento teórico, practico o incluso legal. Es decir, afirma que el único que puede interpretar la CPP es el Tribunal Constitucional. Dicha afirmación me parece cuestionable porque tal y como afirma la ley orgánica del Tribunal Constitucional en su 1er articulo, este tribunal es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, no el único.

Tal es así que cuando hablamos de control constitucional regularmente se habla de dos niveles. El primero es el control constitucional concentrado, que en términos generales es una decisión final y de efectos generales sobre la interpretación de alguna norma. Siendo importante mencionar que esta prerrogativa pertenece únicamente al Tribunal Constitucional. Mientras que cuando hablamos de control constitucional difuso, hablamos de la decisión particular y contingente de una corte sobre la interpretación de alguna norma para un caso concreto y que está sujeta a la eventual revisión por parte del Tribunal Constitucional. Asimismo, cuando hablamos de interpretación hablamos de una facultad muy común en el lenguaje legal y particularmente en las actividades de funcionarios públicos. Tal facultad consiste en “entender” el propósito o significado de la norma en cuestión. Hablar de interpretación es hablar de una parte esencial de las discusiones actuales en el derecho. En tanto hay diversas teorías de interpretación compitiendo entre sí, lo cual, por ejemplo, ha dado lugar a importantes debates entre lo originalistas y los constitucionalistas del árbol vivo en el mundo anglosajón.

Pero volviendo al tema de la interpretación en la práctica de los funcionarios públicos. Dos ejemplos pueden ayudar a clarificar este punto. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección al Consumidor (INDECOPI) o el propio Poder Judicial, interpretan sus normas orgánicas, las leyes de trámites de procedimientos únicos administrativos, etc, estas interpretaciones, por supuesto, están sujetas a control judicial posterior. Incluso, a control constitucional si las acciones de estas instituciones se entienden como vulneradoras para los derechos de las personas. En ese sentido, una cosa es afirmar que una entidad es la intérprete suprema de la CPP y otra afirmar que esa entidad es la única interprete posible de la CPP. La columna mencionada refleja esa confusión y es bueno aclarar eso antes de proceder a seguir analizando el caso.

Si se acepta que diferentes entidades y funcionarios públicos pueden interpretar la constitución y otras normas, entonces puedo proceder a detallar lo que creo es la controversia que eventualmente se tendrá que decidir. Tal controversia no es si el presidente de la república puede o no interpretar la constitución, eso es práctica común en sistemas legales con constituciones normativamente vinculantes, es si su interpretación es correcta o no. El presidente interpretó que, en tanto su proyecto de ley, que buscaba modificar las reglas para la elección de miembros del Tribunal Constitucional, no fue discutido antes de proceder a la elección del primer miembro del Tribunal Constitucional. Su pedido de confianza fue denegado de manera fáctica. Mientras que el congreso y otras personas consideran que una denegatoria de un pedido de confianza debe ser explícita para que pueda ser considerada como legalmente vinculante, es decir, para que pueda ser usada como justificación para activar el art. 134 de la CPP. Ambas interpretaciones, a mi parecer, son lógicamente posibles. He ahí el problema.

Este caso, si bien fundamental para la vida en la sociedad peruana, es también un caso fascinante para discutir las posibilidades del derecho desde la teoría legal. Es decir, me permite plantear una discusión sobre los límites del derecho mismo o la posibilidad de que el derecho no tenga una respuesta clara para toda controversia. La razón es que la solución a esta controversia de interpretaciones está altamente vinculada a las teorías del derecho que uno adopte. Por ejemplo, Ronald Dworkin considera que siempre hay una respuesta correcta para conflictos legales como el anteriormente presentado. Él considera que esto es así debido a que su teoría del derecho se articula en base al principio de integridad y en base a la idea-marco de que el derecho es una novela escrita en cadena. Por integridad, él considera que es el principio que obliga a los jueces a identificar derechos y obligaciones legales bajo la presuposición de que todos ellos fueron creados por un solo autor, la comunidad, y que estos derechos y deberes expresan una concepción coherente de justicia y equidad. Mientras que el derecho como novela en cadena significa que los jueces deben considerar que sus decisiones agregan partes a una historia coherente, que fue limitada por sus predecesores y que limitará a sus sucesores.

Las ideas de Dworkin suenan atractivas para articular respuestas a disputas constitucionales como la del caso peruano, sin embargo tenemos que considerar el contexto de aplicación de su teoría. Dworkin buscaba desarrollar una teoría que pudiera hablar a su realidad legal. Es decir, la del derecho en USA y tambien el de Reino Unido, países ambos donde desarrollo su vida académica. Esta perspectiva le permitía ver la novela en cuestión, es decir, desde la visión de la jurisprudencia acumulada en el Reino Unido y que sino hasta hace 100 años seguía siendo base para decisiones en USA. Si hay una tradición legal larga y pocas veces interrumpida, hay muchos recursos disponibles para poder hablar de integridad y una novela larga y con varios personajes e ideas útiles para pensar el futuro. Esa, si bien es una realidad a la que países como Perú podrían llegar algún día, no es la realidad actual de nuestro aun joven sistema legal y jurisprudencial. Es decir, que la idea de la respuesta correcta no parece ser muy útil para un país como Perú en un caso como el actual donde dos posibilidades tienen la misma viabilidad teórica.

Una segunda y tercera posibilidad es la que brinda la tradición del positivismo jurídico Hartiano. Esta tradición se divide generalmente en dos ramas. La primera es la del positivismo jurídico excluyente (PJE) y la segunda la del positivismo jurídico incluyente (PJI). Ambas aceptan la premisa de que el derecho es un sistema normativo social, en otras palabras, que tiene sus bases en las practicas sociales de las comunidades políticas. Sin desmedro de lo anterior, es necesario entender que para el PJE, cuyo máximo representante es Joseph Raz, el derecho es un sistema completo y las respuestas a las controversias vienen del propio sistema, es decir, si bien es un sistema social, una norma o decisión es únicamente valida si es que sustentada en referencia a otras normas del sistema. Siguiendo esto, de darse una disputa como la que vemos en el caso peruano, lo que tenemos que hacer es que apelar a las reglas del sistema y en base a eso podremos saber que interpretación es válida inmediatamente. Similar a la propuesta de Dworkin, se asume que el sistema tiene herramientas para solucionar los problemas que se le presenten. Si bien Raz y sus seguidores son influyentes en el mundo anglosajón. Su lectura parece, al igual que la de Dworkin, depender de presuponer la existencia de un sistema legal “cuajado” en el tiempo y con capacidad de reacción. Esta presuposición parece contingente a las realidades históricas y sociales de diferentes partes del mundo. Quizás es por eso por lo que Raz y su PJE no tienen mucha cabida en las discusiones en varias partes de Europa Continental y de America Latina. Donde el derecho ha resultado muchas veces muy limitado para responder a estos problemas.

La tercera posibilidad, que es la que me parece más favorable para entender este caso, es la que presenta el PJI. Siendo dos de sus representantes más significativos Wil Waluchow y Matthew Kramer. A diferencia del PJE, para el PJI una norma o decisión es válida si está sustentada en el derecho, pero no se excluye la posibilidad de que se determine la validez en base a la moral. En este caso, dado que el sistema peruano es joven y que la jurisprudencia de nuestro sistema aún no ha tenido que trabajar casos tan complejos como el presente, es posible apelar a razones o elementos morales para decidir como adjudicar en este caso. Dicho de otra forma, en tanto es posible entender que el derecho como sistema social tiene límites y esos límites son producto de contingencias históricas, se vuelve necesario abrir la puerta para que algún agente, como el Tribunal Constitucional, pueda resolver este caso apelando a consideraciones que exceden lo legal.

En base a lo planteado por el PJI, la pregunta que lógicamente sigue será ¿Qué principios morales entrarían a tallar en la decisión? La respuesta a eso será “lo que determine el actor legal que va a solucionar la controversia”, en este caso el Tribunal Constitucional. Quizás esta respuesta no sea satisfactoria para aquellos que buscan una única y final respuesta. Pero eso muestra la necesidad de tener jueces constitucionales informados en las discusiones fundamentales sobre teoría moral y política que es necesaria para guiar la vida de la comunidad. Es decir, el juez o jueza que va a decidir un caso límite como el que se ve en Perú debe tener conocimiento en general y posturas adoptadas en particular sobre la teoría del derecho a tal nivel que le permita saber cuando es necesario apelar a conocimientos que exceden lo meramente jurídico.

Mi meta es que estas breves líneas sirvan para entender que nuestra concepción del derecho, y sus limitaciones, tendrán un impacto muy importante en nuestra manera de aproximarnos y solucionar controversias como la que vive el Peru en estos momentos al estar frente a un caso limite. He buscado articular el caso usando tres posibles escuelas de pensamiento en el derecho. Eso no limita la posibilidad de continuar realizando el ejercicio con otras. Sin embargo, creo que aquellos que estamos interesados en la teoría legal, política y moral, tenemos un largo camino por recorrer y que casos como el actual, sirven para reflexionar acerca de nuestras posturas teóricas y como éstas interactúan con una realidad que quizás sea más compleja de lo que muchos autores en otras latitudes pudieron concebir. Para terminar, diré que estamos ante un caso límite del derecho y eso significa que las respuestas se construyen, no se asumen.

Jorge H. Sanchez-Perez

Cambridge, 10 de octubre de 2019.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Crea tu página web en WordPress.com
Empieza ahora
A %d blogueros les gusta esto: